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martes, 5 de marzo de 2019

LA INSEGURIDAD CIUDADANA: Causas, consecuencias y responsabilidades.

Escribe: Jorge Pérez.

Nadie puede negar en éstos momentos, que se está sufriendo una sensación de inseguridad en la población debido a la difusión permanente de hechos delictivos o de violencia que se vienen dando en todo el país. Se presentan como sucesos cotidianos, creando en el imaginario social una permanente desconfianza que nos hace ver al otro como un posible agresor o enemigo, lo que deteriora la convivencia en el entramado social y por lo tanto la calidad de vida de todos. El joven, el pobre mal vestido, el desconocido, las motos, los trasnochados, el que usa barba o se rapa el pelo, el distinto, el desocupado e incluso el que demuestra algún progreso material puede despertar sospechas. Nos enrejamos, pedimos cámaras de seguridad, policías, el ejército, dureza en las penas judiciales, andar armados, patrullar los barrios, sin embargo el objetivo de sentirnos bien no se consigue. Nadie se a puesto a pensar en las causas de esa violencia que vivimos, y en todas las instituciones estatales y privadas que están involucradas y tienen arte y parte en la tarea de realizar acciones que eviten la generación de frustraciones que culminan en acciones de violencia. No pensamos en nuestros propios actos como generadores de violencia, a veces por no tener conciencia de lo que nuestro hacer, pensar o decir genera en el otro. El tema de la violencia y los actos infraccionales a la ley penal tienen una base económica y social en el sistema de producción y distribución de la riqueza generada por los trabajadores y apropiada por las clases dominantes. Ésta es una dimensión política del problema, que nos sentimos en el derecho de mencionar ya que quienes propagandean la falta de seguridad y planean un estado de control social a ultranza y de mas represión, están jugando a tener réditos justamente políticos en éste año pre-electoral y no están muy interesados en la solución real del problema. Otra pata fundamental en la producción de valores que aportan a la inclusión social y al desarrollo de nuestra sociedad, es la educación pública, gratuita, laica y obligatoria para todos, y garantizada por el estado. Pero no queremos abarcar aquí el tema en su totalidad para no extendernos demasiado por lo tanto lo circunscribiremos a nuestro contexto micro social suarense encarando los últimos acontecimientos que llevaron a la suspensión del desfile de carnaval local, el pasado día 2 de marzo de éste año. Todos los vecinos de Joaquín Suárez, sin mirar quien organizaba el evento, se aprestaban a disfrutar de una noche de alegría, de sana expansión y por qué no de un hecho cultural popular como lo son los desfiles de carnaval, con sus comparsas, escuelas de samba, etc. También vecinos se aprestaban a hacerse de algún pesito mediante la venta de comidas al paso en sus puestitos bien ordenados a la vera de la calle principal donde desfilarían los artistas, incluído el debut de "La Joaquina", primera comparsa lubola local. Entonces comienza a circular en las redes sociales una "fake news", que para mí es un rumor, tan bien definido por Ana Quiroga y Enrique Pichón Riviere como: "...la comunicación masiva y difusa, centrada en la información de que un hecho-de características no explicitadas-va a suceder. Es un mensaje subliminal susceptible de ser realimentado e intercambiado". El rumor tiene un contenido manifiesto y otro latente. Dicen los autores citados: "la transmisión en cadena que caracteriza al rumor tiene como punto de partida un hecho real pero distorsionado. Una situación de tensión, un clima de expectativa determinado siempre por factores socioeconómicos, conducen a la modificación de la percepción de un hecho y a su deformación. La información es transmitida rápidamente, porque su índole subversiva despierta tal monto de ansiedad que obliga a depositarla en otro". La información vertida en el rumor se infla a través de sucesivos pasajes, porque la noticia de alguna manera golpea en algún punto vulnerable de quien la recibe, lo conmueve y se difunde en una velocidad proporcional a la universalidad de los intereses que el rumor afecta. La desconfianza se instala y disminuye la capacidad de discriminación entre lo verdadero y lo falso. El rumor es un arma de la guerra psicológica. Su fin último es fomentar el miedo, desalentar la participación en lo colectivo o social, inquietar y deteriorar la autoimágen de una nación, de una sociedad o de un sector de la misma. El uso del rumor se convierte así, en una técnica dentro del contexto de comunicación de masas. Ningún rumor es inocente, sino que es emergente de una situación, lleva siempre su carga de intención y de sentido. Mientras que el chisme se mueve en un ámbito restringido de personas, el rumor en cambio tiene carácter colectivo. El sujeto que lanza un rumor, rearma la verdad que le sirve de instrumento, pero no puede evitar rearmarla de acuerdo con un estilo personal en el que vuelca sus fantasías y encubre sus deseos. Se debe tener en cuenta también, en el receptor del rumor, una actitud particular frente a la información que se define como una disposición a creer, que pasa de persona a persona, de forma oral o a través de las redes sociales con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, sin medios probatorios que muestren su veracidad. En nuestro caso específico, el rumor estuvo vinculado a los hechos del lunes 11 de febrero de 2019, donde en un tiroteo con la policía muere un integrante de la banda que asaltó la agencia de quinielas local. La información consistía en que para el día 2 de marzo, fecha de la realización del desfile de carnaval en Suárez, el hermano de la persona fallecida vendría fuertemente armado a tomar venganza disparando contra los asistentes al evento y la policía. Encontrando todos los elementos para surtir efecto, quien disparó éste rumor logró amargar la noche de cientos de vecinos que esperaban disfrutar de una noche de esparcimiento, de los participantes de los grupos que desfilaban, y malograr una oportunidad de ganarse unos pesos en buena ley de muchos otros vecinos que lo necesitaban y se quedaron sin poder vender sus productos. Éstas lamentables situaciones-acicateadas por fuerzas electorales contrapuestas a todo sentido humanista y popular, mareadas por el deseo de acceso al poder y los cargos de gobierno-deben ser desenmascaradas, elaboradas y solucionadas más temprano que tarde, si no queremos lamentar la pérdida de la libertad y los derechos, a cambio de la falsa seguridad que brinda el totalitarismo fascistoide con sus brazos armados: la policia y las fuerzas armadas.


jueves, 29 de marzo de 2018

Proclama de la Marcha por el Agua y por la Vida 22 de Marzo de 2018 – Día Mundial del Agua

¿Por qué hoy, 22 de marzo, hemos inundado 18 de Julio? ¿Por qué llegamos a la Plaza Independencia, bajo la estatua de Artigas? ¿Por qué estamos aquí?

Nos lanzamos a las calles porque hoy es el Día Mundial del Agua, ese bien común que siempre ha acompañado a la humanidad y al planeta, un bien común cuya existencia está en peligro.
También hoy, compañeros de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida y de FFOSE, están en Brasilia, en el Fórum Alternativo del Agua (FAMA). Este Foro es un evento democrático que reúne mundialmente a organizaciones y movimientos sociales que luchan en defensa del agua como derecho fundamental para la vida. Y pretende unificar la lucha contra el intento de las grandes corporaciones de transformar el agua en una mercancía. Nuestros compañeros están en este contra-foro, intercambiando sobre la dura realidad del acceso al agua de calidad por parte de los pueblos a nivel mundial.
No es casualidad que se realice en Brasil y por primera vez. Porque este evento se contrapone al “Foro Mundial del Agua” que se realiza también en Brasilia. Ese evento es promovido por los grandes grupos económicos del planeta, apoyados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que defienden la privatización de las fuentes naturales y los servicios públicos relacionados con el agua. Estarán allÍ representantes de los gobiernos del mundo y de la región… también representantes del gobierno de nuestro país, alentando las inversiones, sin importar a qué costo.
Porque las empresas multinacionales vienen por los bienes comunes y hacen acuerdos con los gobiernos, que negocian y les abren las puertas para que se apropien de la tierra y el agua. Coca Cola y Nestlé, por ejemplo, negocian en secreto con el gobierno de Temmer y de Macri, con el objetivo de conceder el uso por más de 100 años de nuestro Acuífero Guaraní. Por esa razón, exigimos a los gobernantes de nuestro país que alcen a viva voz su rechazo a la intención de hipotecar el futuro del acuífero. Nosotros, junto a todos los movimientos por el agua del mundo entero y de la región, en Brasilia y aquí, defendemos al Acuífero Guaraní como un bien común, del que nadie puede apropiarse para aumentar sus ganancias.
Hemos ganado las calles porque somos conscientes de que, si está en riesgo el agua, también están en peligro la producción de alimentos sanos, la flora y la fauna, está en peligro el planeta, está en peligro la vida toda.
La visión del agua como mercancía, con la cual hacer negocio y lucrar, pretende imponerse a través de distintos mecanismos. Y lo hacen pisoteando el derecho de los pueblos al acceso a este elemento como derecho humano fundamental. Y esa sombra, que ya ha cubierto brutalmente a países como Chile y México, sigue avanzando e intenta cubrir al Uruguay.

¿Qué decidió el pueblo en 2004?

En 2004 el pueblo uruguayo ya decidió. El 64,7% votó a favor de reformar la Constitución para que se estableciera el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Todos definimos que los recursos hídricos forman parte del dominio público estatal y que las organizaciones sociales deben velar por su cuidado, participando de la planificación, gestión y control de sus usos.

¿Por qué la necesidad de reafirmar esta postura, de pronunciarnos una vez más?

Porque la votación de la Ley de Riego en el Parlamento, promulgada por el gobierno el 27 de octubre de 2017, pasa por encima de la voluntad del pueblo manifestada en 2004. La Ley de Riego es inconstitucional. Por esa razón, salimos a defender la decisión tomada por nuestro pueblo porque, si no defendemos nuestros triunfos con lucha, la Constitución y las leyes se convierten en letra muerta y son violadas una y otra vez.
La experiencia demuestra que hoy, en Uruguay, los pequeños productores de Bella Unión deben pagar por riego aproximadamente 500 o 600 dólares la hectárea. Esos altos precios por el agua para riego se multiplicarán en manos de los concesionarios nacionales y extranjeros de los grandes embalses y de los gestores privados del agua.
Hoy, en Uruguay, los productores de soja y maíz transgénico usan todo el paquete contaminante para producir más, sin importar el efecto que produce en la producción de los vecinos… Con el agua en su poder, serán capaces de multiplicar su productividad y sus ganancias. Pero también, tendrán como clientes cautivos a los medianos y pequeños productores que, si no pueden pagarles, por la Ley de Riego, les cortarán el agua… empujándolos a abandonar sus tierras.
Sabemos que hoy, en la zona rural de La Armonía, en Canelones, los pequeños productores han perdido su cosecha de alimentos porque no acceden al agua de calidad.
Hoy, en Uruguay, las playas –con frecuencia– no están aptas para el baño, al punto que a una bebé se debió trasplantar el hígado por el daño que cianobacterias tóxicas le habían generado.
Hoy, en Uruguay, el gobierno impuso la llamada “tasa medioambiental” de 7,3% más, en el cargo fijo de la tarifa del servicio de agua. Y esto es para pagar los costos de OSE en el uso de carbono activado para contrarrestar el impacto de la contaminación en las fuentes de agua. Algunos contaminan y todos debemos pagar los costos.
El Río Santa Lucía, la laguna Merín, la Laguna del Cisne, la Laguna del Sauce y todos los ríos del país como el río Uruguay y el río Negro, las aguas de arroyos y acuíferos están contaminadas por los cambios en el uso del suelo producidos en las últimas décadas.
Hoy, en Uruguay, más de dos millones de hectáreas están ocupadas por los monocultivos sojero y forestal, de capitales multinacionales que encuentran en nuestro país exoneraciones impositivas, zonas francas, bienes naturales en abundancia, entre otros beneficios de una política que les pone alfombra roja. La segunda planta de celulosa de UPM, tan anunciada por el gobierno, usará el agua equivalente al consumo diario de 900 mil personas, poco más de la cuarta parte de la población del país. Ya la forestación implica un consumo brutal de agua, dejando el suelo seco y sin nutrientes.
Más de la mitad de la tierra de uso agropecuario está en manos extranjeras. El precio de la tierra y la renta han aumentado enormemente. Ya más de 12.500 pequeños y medianos productores se han ido del campo en la última década. Perdemos cada vez más soberanía alimentaria. Se importan alimentos que bien podrían producirse en nuestras tierras.

¿Por qué derogar la Ley de Riego?

La Ley de Riego privatiza. Establece mecanismos para el uso privado de aguas superficiales con fines de riego a gran escala. Para conceder a los privados nacionales y extranjeros han modificado, incluso, la Ley de Participación Público-Privada (PPP) para habilitar obras hidráulicas con el apoyo del Estado, promoviendo la inversión de capitales extranjeros como fondos de pensiones, aunque nada tengan que ver con la producción agrícola. ¡Porque no solo es una ley de riego! ¡Es una ley de inversiones!
La Ley de Riego contamina. Impulsa la construcción de embalses multiprediales en medio del cauce de los ríos estancando las aguas. Esto provocará cambios en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, interrupción de conectividad hídrica, erosión y contaminación. Además, los agronegocios suponen gran uso de agrotóxicos y la mayor productividad provocará la aparición de mayor cantidad de floraciones algales y cianobacterias. La mayor inversión de OSE en potabilización seguirá recayendo en los bolsillos del pueblo a través de una suba aún mayor de la tarifa. Con esta ley se privatizan los beneficios y se socializan los costos y las pérdidas. Y, ni qué decir del burdo argumento del ex Ministro Aguerre diciendo que el agua que escurre es agua perdida, subestimando al pueblo.
La Ley de Riego mercantiliza. ¡Crea un nuevo mercado, donde el agua es la mercancía! Es un mercado del agua con participación de agentes privados en la gestión del agua para la comercialización por parte de los operadores de sistemas de riego y la articulación con las asociaciones agrarias de riego. Esto amenaza a pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Serán los poderosos, nacionales y extranjeros, los que harán las cosas que el ex Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca consideró que ayudarán al país. Serán ellos los que en vez de “esperar” la lluvia “la cosecharán, la almacenarán, la administrarán, la financiarán”, al servicio de mayor productividad. Se apropiarán del agua para sus mayores ganancias.
Pero, además, por si eso fuera poco, UTE se compromete a comprar la energía eléctrica generada en estas represas, ¡aunque UTE no la necesite! ¡Porque no solo es una Ley de riego! ¡Es una ley de inversiones y de generación de energía!
La Ley de Riego da la espalda a la gente. Fue impuesta por el gobierno, sin consulta popular, intentando ocultar que compromete el agua para las presentes y futuras generaciones. Tampoco prevé mecanismos e instancias para que la población participe en la toma de decisiones, ni en la planificación ni en la gestión ni en el control de los recursos hídricos como mandatan la Constitución y la Ley...

¿A quién favorece la Ley de Riego, entonces?

En definitiva, la Ley de Riego es una herramienta más en favor de los grandes capitales, en especial multinacionales, y en perjuicio de los pequeños productores y del pueblo trabajador en general, que se ve despojado del agua, de la tierra, de la soberanía. Y no es para nada casual que esta Ley haya sido aprobada por el gobierno respondiendo directamente a los lineamientos del Banco Mundial, elaborada con su asesoramiento y con la participación de sus técnicos.
Porque el objetivo del gobierno es intensificar el uso del agua para el agronegocio y los mega emprendimientos, acorde al modelo productivo agroexportador que impulsa, haciendo al país más dependiente, un país cuya deuda externa supera los 60 mil millones de dólares, ¡que se multiplicó por tres en los últimos 15 años!

¿Qué debemos hacer?

¡Sumemos para ser más y más en la lucha por lograr el referéndum que derogue la ley de riego! ¡Es una lucha que ya es del pueblo! El agua no es una mercancía y todos debemos defenderla.
Ante la resolución de los compañeros de FFOSE, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, ampliada hoy a diversas organizaciones sindicales, ambientales, estudiantiles, políticas, se ha plegado a la campaña de recolección de firmas. Así lo ha hecho también el PIT-CNT, la FEUU, FUCVAM, la Asociación de Escribanos…
¡¡Sumemos más compañeros a la lucha!!, para seguir inundado las calles, las ferias, los festivales, las movilizaciones, en cada localidad, cada barrio… Embanderemos con ella nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestro centro de estudio, nuestros lugares cotidianos. Juntemos más firmas, hablemos con la gente, organicemos y difundamos nuestra urgente y justa causa de defender el agua y la vida.
¡Confiamos en nuestra fortaleza como pueblo!
¡No hay ningún remedio, o se deroga la Ley o hay Referéndum!
¡No privatizarán y contaminarán el agua! ¡No lo harán en nuestro nombre!
¡Firmemos para derogar la Ley de Riego! Y sigamos inundando las calles….
¡El agua NO se vende, el agua se defiende!

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.-


viernes, 19 de enero de 2018

LEY DE RIEGO Nº 19.553



LEY DE RIEGO
Promueve la creación de embalses y otras infraestructuras de riego que estarán en manos privadas y los productores deberán pagar el uso del agua. Eso es mercantilizar y privatizar, vender el agua.
Desconoce la Constitución de la República. Desconoce la voluntad del pueblo que en el año 2004 definió que el agua es un derecho humano esencial para la vida.
Con esta ley se seguirá empeorando la calidad del sistema hídrico del país.
Porque es inconstitucional, porque pone en manos de unos pocos un derecho humano esencial, trabajemos para derogarla.
En FFOSE le decimos si a la vida, si a la Constitución y no a la privatización del agua.